La política de comunicación del gobierno de Mauricio Macri va sellando un camino. La relajación de normas para atraer capital, negocios y competencia marca el traslado de las decisiones de política pública al sector privado. Sin embargo, aún no terminan de resolver la tensión entre las presiones de las telefónicas y el sector del cable.
La política de comunicación del gobierno de Mauricio Macri va sellando un camino marcado por regulaciones “light touch”, orientado al sector privado y asociado al capital extranjero. A la espera de una nueva Ley “convergente” que reemplace a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y Ley Argentina Digital, el sistema de medios muta a la luz del DNU 267, que creó el organismo regulador unificado para telecomunicaciones y audiovisual, Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), redujo los límites a la concentración de medios y determinó que las empresas de TV por cable fueran clasificadas como servicio de telecomunicaciones, por ende, no están sujetas a las reglas de concentración ni de contenidos.
La medida fue repudiada por el sector académico, organizaciones sociales, asociaciones de periodistas como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), entre otros, que denunciaron su posible efecto sobre la libertad de expresión. Este punto motivó que organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), realizaran un pedido de audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alertara que las reformas “podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión”.
La Comisión Redactora para la nueva Ley de Comunicaciones (creada por el DNU mencionado) lleva a cabo seminarios académicos y encuentros con organizaciones en un intento por generar “participación” para dar legitimidad a los cambios que traerá el anteproyecto de Ley que será debatido en el Congreso. Sería muy extenso aquí analizar con detalle cada una de las propuestas presentadas por los participantes en los 11 encuentros realizados hasta el momento, pero de modo general se puede arriesgar la identificación dos líneas: por un lado, la mirada cercana a las recomendaciones de la OCDE, que brega por la simplificación de normas y regulaciones “light touch” y, por otro lado, una aproximación desde los derechos humanos basada en los estándares de libertad de expresión de CIDH.
Como parte de la política audiovisual, el desarrollo de la Televisión Digital Abierta (TDA) ha quedado relegado: se desaceleraron las obras de infraestructura, se suspendió la distribución de equipos, se frenaron los concursos para nuevos operadores- y aquellos que fueron adjudicados para TV de baja potencia tienen dificultades para emitir- y se presentó el “Plan de Fomento” a los contenidos con un modelo de financiamiento público-privado, en el que el Estado subsidiará $ 200 millones de pesos y el resto provendría de la búsqueda de inversión privada, marcando un distanciamiento con la lógica de subvención 100% pública del gobierno anterior.
Como lo afirmaron varios funcionarios, la prioridad es el desarrollo de la banda ancha. En esta dirección puede leerse la reedición del plan de conectividad (similar al Plan de Fibra óptica de la gestión de Cristina Kirchner). También hay que señalar el camino errático en la atribución de espectro, por ejemplo, con el pedido de relocalización “temporal” de los operadores de TV codificada de la banda de 700 MHz- universalmente atribuida a banda ancha- a la de 600 MHz que, previamente, había sido asignada por el propio gobierno para TDA y, presumiblemente sea atribuida finalmente para telecomunicaciones, a pesar de que nivel mundial no hay una decisión común sobre el destino de esta banda (Estados Unidos la atribuyó a 5G, mientras que en Europa permanece para radiodifusión). Ante las presiones de las empresas telefónicas y las del sector del cable por mayor ancho de banda para competir entre sí, el gobierno está en la encrucijada de tomar posición o intentar encontrar una solución ecuménica que no dañe la percepción de sus “logros de gestión” ante la opinión pública.
Bajo el argumento de brindar incentivos para atraer inversiones internacionales y fomentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones, un dato que asoma con fuerza en el camino para el desarrollo de la banda ancha es el acercamiento a Estados Unidos. Esto se refleja a través del acuerdo entre ENACOM y la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) para integrarse en la iniciativa Global Connect; con el acuerdo desconocido con Microsoft para el uso de TV White Spaces (brindar conectividad a través de espacios del espectro que no esté siendo utilizados por licenciatarias de TV), y la política de cielos abiertos a nivel satelital, que si bien data de la década del 90, desplaza el rol de la estatal ARSAT y el desarrollo de la industria nacional consolidado en la Ley de Industria Satelital del gobierno anterior.
Si bien la apertura a satélites extranjeros no se reduce solo a los norteamericanos, las repercusiones por la autorización a DirecTV para prestar servicio de banda ancha (de manera experimental) agitaron el pedido de definiciones por parte de las empresas de cable respecto del ingreso de las telefónicas en la TV satelital. Como se mencionó anteriormente, aquí también la postura oficial fluctúa entre las presiones de las telefónicas y los cableros. En declaraciones públicas, el Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, había señalado que se evaluaba la posibilidad de que las telefónicas prestaran TV satelital. Sin embargo, en las Jornadas anuales del sector del cable, ante los reclamos por definiciones y más espectro, tanto Aguad como De Godoy (titular de ENACOM) aseguraron que eso está prohibido.
Movimientos empresariales
A 10 meses del gobierno de Macri, los cambios normativos ya muestran su impacto en el sistema de medios a través de movimientos empresariales. Una de las primeras señales se dio con la autorización del ingreso de David Martínez en Telecom- que había quedado frenado por el gobierno anterior-, manteniendo el 40% de las acciones en Cablevisión a través de Fintech. Con su desembarco, se anunció una nueva cúpula directiva que, entre sus integrantes tiene a Roberto Nobile, ex COO de Cablevisión, quien asumió la Dirección de Estrategia, Innovación y Desarrollo de Negocios. Este “pasaje” de directivos podría tomarse como una muestra más de los vínculos entre las compañías y su posible alcance aunque, en apariencia, ahora compitan en la prestación de servicios de banda ancha y, en un futuro cercano, de telefonía móvil tras la adquisición de Nextel por parte de Grupo Clarín.
La compra de Nextel fue el preludio del anuncio de la escisión del Grupo para “focalizar” y “crecer”. Por un lado quedaron los contenidos, y por el otro, la infraestructura (cable, Internet y telefonía móvil), lo cual se parece al plan de adecuación a la LSCA pero, esta vez, sin desprenderse de nada. Esto remite a un movimiento de “des-convergencia” que, siguiendo al investigador coreano Dal Yong Jin (2013), es una tendencia paralela a la convergencia, y refiere al movimiento empresarial para decrecer magnitud estratégicamente para recuperar ganancias y sobrevivir en el mercado con distintas estrategias de negocio.
En este mismo sentido iría el interés de Telefónica de desprenderse de Telefé, en una maniobra que comenzó el grupo a nivel internacional en el 2002 con la llegada de César Alierta y que se tradujo en la desinversión en la mayoría de las empresas televisivas y audiovisuales, en paralelo, a la gestación de una línea de contenidos digitales y provisión de contenidos.
Convergencia es la palabra de moda, que pone en juego la definición del interés público y evidencia la incidencia cada vez mayor de empresas nacionales e internacionales para alcanzar acuerdos de co-regulación en la definición de políticas públicas. La relajación de normas para atraer capital, negocios y competencia marca el traslado de las decisiones de política pública al sector privado pero, por el momento, aún no terminan de resolver la tensión entre las presiones de las telefónicas y el sector del cable, tensión que redunda y a su vez se conjuga con un delicado y riesgoso equilibrio respecto de la apertura a capitales extranjeros.
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