- AI cuestionó que el Senado de la República no haya hecho públicas las iniciativas de leyes secundarias
- Igualmente, solicitó dialogar con las y los senadores sobre estándares internacionales de uso de la fuerza y no obtuvo respuesta
- La falta de diálogo entre el Senado y la sociedad civil es señal de un retroceso democrático
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que regirán a la Guardia Nacional, deben apegarse a los principios y recomendaciones hechas por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respectivamente.
Así lo declaró hoy la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum Panszi, quien sugirió además a las y los senadores incluir en la Ley sobre el Registro Nacional de Detenidos, las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional en 2017, contenidas en su informe “Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México”.
Al participar en el Foro sobre Derechos Humanos y Guardia Nacional, efectuado en el Senado de la República, Reneaum Panszi cuestionó que al día de hoy no sean públicas las iniciativas de leyes secundarias para la Guardia Nacional, como si es público el dicho de que éstas se aprobarán a la brevedad.
En ese sentido recordó que el 19 de abril de 2018 el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al entonces Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en la que invitaba al movimiento internacional a participar en el diseño de “acciones contundentes y eficaces para revertir la violencia que vivimos actualmente…”.
Luego de mostrar a las personas asistentes la carta referida, Reneaum Panszi cuestionó “¿por qué quienes hoy forman parte de la mayoría en el Senado, desoyen las palabras del ahora Presidente?, ¿por qué no nos invitan a comentar, a dialogar, a debatir?”.
Advirtió que “cuando el Senado no dialoga con la sociedad civil está traicionando principios constitucionales como la representación ciudadana y el contrapeso que tiene que hacer al Ejecutivo”.
Agregó que la falta de diálogo entre el Senado y la sociedad civil no es un asunto menor y nos debería escandalizar profundamente, porque es señal de un retroceso democrático.
En su intervención, la Directora Ejecutiva de AI México hizo un reconocimiento a la apertura mostrada por el Senador Emilio Álvarez Icaza para la realización del foro, y lamentó que no todos los legisladores y las legisladoras actúen de la misma manera.
Propuestas de AI a las leyes secundarias
Para Amnistía Internacional el marco jurídico y operativo que se establezca sobre Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debe garantizar la debida atención al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.
En su exposición Reneaum Panszi explicó que los principios generales que deben regir cualquier uso de la fuerza son los expuestos por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales y son cuatro: principio de legalidad; principio de necesidad; principio de proporcionalidad y rendición de cuentas.
Sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones, Tania Reneaum declaró que ésta debe incluir las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que abarcan: adoptar una ley nacional que establezca un registro unificado de todo tipo de detenciones y personas privadas de libertad, además de medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones.
Además, dijo, la Ley Nacional del Registro de Detenciones debe tomar en cuenta la serie de recomendaciones incluidas por Amnistía Internacional en su informe “Falsas Sospechas: detenciones arbitrarias por la policía en México”.
Estas, dijo, consisten en asegurar que la policía informe a la persona detenida los motivos de su privación de la libertad y los derechos que le asisten; establecer regulaciones claras para las corporaciones policiales con respecto a las detenciones, considerando que suelen ser los primeros respondientes en el sistema penal.
Para calificar la legalidad del arresto o detención se ha de establecer el uso de dispositivos de geolocalización en las patrullas policiales y de cámaras de audio y video. También es preciso revisar la versión actual del informe policial homologado, a fin de garantizar que su redacción y extensión sean compatibles con las funciones, tiempos y necesidades operativas de las y los agentes policiales.
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