Miembro de la Comisión de Urbanismo que concedió al hotel el interés público, Carmelo Padrón recuerda que declararlo BIC impediría su rehabilitación.
Conocedor como pocos de los antecedentes de la polémica en torno al hotel Maspalomas Oasis, Carmelo Padrón ve más oportunidades que amenazas en la polémica suscitada en torno a este establecimiento del sur de Gran Canaria. Ante su inminente demolición a cargo de su actual propietario, la cadena RIU, observa una ocasión única para “sanear la estructura de la propiedad” de la pieza de suelo en la que se ubica, el palmeral del oasis de Maspalomas, junto a la charca y las dunas del mismo nombre. “Una cosa es lo que dijo en su día la Comisión Provincial de Urbanismo”, que declaró el interés público del mantenimiento del edificio tras declararse nulo el planeamiento por el que se otorgó licencia, “y otra cosa es que si van a tirarlo aprovechemos para sanear la estructura de la propiedad, saber qué hay de público, si lo hay, en esa parcela”.
Catedrático de Derecho Urbanístico, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Carmelo Padrón ha estado en los orígenes de la historia del hotel Maspalomas Oasis. No en vano formaba parte de la Comisión Provincial de Urbanismo de Las Palmas que concedió el interés público a la edificación principal del hotel a pesar de invadir una parcela con una calificación que lo impedía.
“En la medida en que se mantengan las condiciones del acuerdo de la comisión [de Urbanismo], objetivamente, si hay que tirar el hotel, nos ponemos en unas condiciones en las que se puede discutir que en otra situación aquel acuerdo sería imposible”, afirma tajante.
A su juicio, la sentencia del Supremo de 1978 que ordenó la demolición del establecimiento da algunas pistas. “Hay que distinguir entre el fallo y la argumentación jurídica”, resalta Carmelo Padrón, “porque esa sentencia tiene un fallo por el que se anula el acto administrativo, porque ese fue al mismo tiempo el otorgamiento de licencia y también una alteración del planeamiento. Pero dentro de la argumentación jurídica puede haber argumentos para sanear la situación de la propiedad si finalmente deciden demolerlo”.
Así es, en esa sentencia del Supremo, que ahora se invoca para poner en duda la viabilidad legal del proyecto de RIU de derribar y volver a construir donde nunca debió haberse construido, se hace referencia a un informe pericial “obrante en autos” en el que se refleja “de forma patente la alteración en las zonas verdes o espacios libres descalificando dos extensas zonas verdes de uso público (…) y privatizándolas”. Dos parcelas, continúa la sentencia, de 26.435 y 5.106 metros cuadrados, respectivamente.
Y recuerda el Supremo que por aquellas calendas una descalificación de ese calibre solo era posible mediante acuerdo del Consejo de Ministros, una exigencia que ahora se ha trasladado a órganos de las comunidades autónomas, en el caso de Canarias, el Consejo Consultivo y, acto seguido, el Consejo de Gobierno.
Cuidado con la declaración de BIC
Carmelo Padrón tiene dudas acerca de la declaración de Bien de Interés Cultural del edificio del hotel Oasis. Desde luego confirma las tesis más generalizadas que apuntan a que la sola incoación del expediente de declaración de BIC supondría la paralización no solo del trámite de concesión de licencia a RIU para su nuevo hotel, sino los efectos de cualquier licencia ya otorgada.
“Si se incoa expediente, se acabó la fiesta” durante la tramitación del expediente de Bien de Interés Cultural, sea cual sea su resultado final, recalca Padrón. Pero, ahora bien, de llegar a ese término el expediente, quien sea propietario del hotel tiene que tener en cuenta que “un BIC no se puede rehabilitar, sólo se pueden hacer obras de conservación, obras de consolidación, pero no se puede rehabilitar el edificio”.
Sin negar que el edificio “tiene valores” que podrían avalar una declaración de BIC, Carmelo Padrón es sin embargo más partidario de la figura de la catalogación, que no correspondería en tal caso tramitar al Cabildo, sino al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. “Si se cataloga el edificio se puede decir que se proteja esto o aquello, pero desde el punto de vista patrimonial podrían sanearlo y modernizarlo”.
En cualquier caso, la protección sólo afectaría a una parte de la propiedad porque hay otras que son “cutres, cutres, cutres”, enfatiza Padrón, que asegura haberse recorrido el perímetro del hotel varias veces.
Algo molesto por la polémica generada, el ex viceconsejero de Medio Ambiente considera que la lucha empresarial ha contaminado el debate. A su juicio debe imperar la racionalidad antes de la emotividad. “No se puede utilizar la seguridad jurídica solo para tus asuntos y la inseguridad jurídica para los intereses de los demás”, sostiene.
Padrón es partidario de los edificios en altura, “más que del urbanismo ralo”: “Yo metería cuatro hoteles altos en el Campo internacional y así tendríamos muchos más espacios públicos”.
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